Las obsesiones, justificadas o no, reflejan sin duda un desequilibrio que en el caso del editor Ernest Folch proviene, se supone, de su apego extremo al anterior régimen de Joan Laporta, con quien siempre ha demostrado mantener una sintonía tan acusada como su manifiesta alergia a todo lo que envuelve a Sandro Rosell. No es un personaje complicado de encasillar en el entorno, Ernest Folch pertenece a ese destacado cuerpo de barcelonistas-laportistas convencidos de que su pensamiento único debe imponerse sin discusión ni democracia mediante en un club donde las asambleas, las elecciones, los derechos de los socios y la participación son aspectos irrelevantes, frívolos y molestos para esa clase dirigente y de elite a la que él se siente pertenecer junto a los Sala Martín y personajes de similar catadura e irresponsabilidad.
Después de reiterar la misma idea contra Josep Lluís Núñez e Iñaki Urdangarin en diferentes tertulias, esta semana ha firmado una contraportada en el diario Ara donde reclama que la directiva actúe contra socios como los mencionados con diferentes causas en la justicia, el ex presidente por una sentencia penal derivada de su actividad profesional y el ex jugador del Dream Team por su imputación en un caso de presunta malversación de fondos públicos también al margen del FC Barcelona.
Siendo perfectamente debatible si el club ha de analizar o no las actividades de sus socios fuera del ámbito del club y con independencia de la inquina personal del autor del artículo contra Núñez, sin duda una consecuencia osmótica de su admiración por Laporta y por Cruyff, el argumentarlo carece de perspectiva y de la suficiente solidez, pues se cuentan por cientos y por miles los socios del FC Barcelona que por diferentes circunstancias se ven envueltos en procesos judiciales. Dirán que uno es ex presidente y el otro un desatacado ex jugador que además forma parte del patronato de la Fundació desde hace años, pero la historia nunca ha juzgado, al menos hasta ahora, las peripecias que otros destacados barcelonistas hayan sufrido en el ámbito de su vida privada y profesional. Sin ir más lejos, ningún socio ha perseguido a Josep Lluís Folchi por su condena en el caso KIO ni a Félix Millet por el caso Palau o a Arcadi Calzada, también ex miembro de diferentes comisiones y órganos del club como a nadie se le ocurrió rebuscar en su en los litigios profesionales del ex candidato Jaume Ferrer… ¿Dónde está el límite o los mínimos para que el club repudie o no formalmente a un socio? No lo hay, no existe, la caza de brujas se reduce en este caso a la obsesión de unos cuantos socios, casualmente todos laportistas y por definición antinuñistas de toda la vida, que han visto en la situación de Urdangarin, por ahora solo imputado, un punto de apoyo para exigir que se actúe contra la ‘vergüenza’, según su opinión, de que el Museu del club lleve el nombre del ex presidente Núñez. Como socio, Folch tiene todo el derecho a recoger firmas y presentar una propuesta en este sentido a la próxima asamblea, algo que no hará por dos razones, la primera porque eso supone un esfuerzo que no está dispuesto a hacer y la segunda porque el sentir general de los socios del FC Barcelona en relación a Núñez no tiene nada que ver con su ofuscación individual con el personaje. No prosperaría.
Pero queda la cuestión más importante sobre ese debate pendiente al que alude, precisamente omitida en ese mismo artículo respecto a qué hacer con los socios del FC Barcelona que han ostentado cargos directivos de responsabilidad y que no sólo han causado un perjuicio evidente al club sino que la propia justicia los ha señalado y condenado. Pongamos por caso la gravedad del incumplimiento estatutario de la junta de Joan Laporta en 2006, ratificado por el Tribunal Supremo, por no convocar las elecciones cuando lo exigían los estatutos. Resulta difícil encontrar un delito institucional más grave que negarles a los socios el más elemental derecho democrático a elegir a su presidente y junta directiva, una fechoría sobre la que Folch calla deliberadamente por la cuenta que le trae. ¿Qué hacer con los culpables de algo tanto abominable? Pongamos por caso, también, que una directiva hace juegos de manos con la contabilidad y luego es condenada a prestar un aval -responsabilidad obligada por la ley en defensa y protección del patrimonio del FC Barcelona-, tratando de burlar con trampillas y pasando de puntillas por los estatutos y la normativa. ¿No es grave y atentatorio  contra la esencia y la propiedad de los socios además de para la imagen de la entidad? ¿No es ese un debate pendiente? Y una última reflexión, si Urdangarin es sospechoso porque las cuentas de sus empresas no están claras, ¿no lo es la última junta de Laporta y el propio ex presidente por el resultado de la Due Diligence, la auditoría y los indicios de delito penal que investiga la Fiscalía? El debate que plantea el editor sólo enfoca a los socios del Barça implicados en casos externos y evita dirigirlo en torno a los socios, amiguetes suyos, con causas pendientes o ya sentenciados por actividades y acciones contra el propio club y contra los socios. No se sostiene.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 13 Enero, 2012 y archivada en Club, Social. Puedes seguir las respuestas en esta entrada a través de RSS 2.0. Puede dejar una respuesta, o hacer trackback desde su propio sitio.